Modificado: mayo 3, 2012
03may2012

Noticias universitarias abril 2012

Este mes de abril nuestras noticias universitarias tratan sobre: Tasas, becas, préstamos y algo más; Nace el Observatorio IUNE ; El informe Universidad, universitarios y productividad en España de la Fundación BBVA y el IVIE.

Tasas, becas, préstamos y algo más

Como ya hemos ido comentando en estas páginas en recientes entradas, este mes hemos tenido muchas novedades en materia de tasas, becas y préstamos.

Tasas

Los cambios previstos en las tasas para el próximo curso 12-13 ya los comentamos hace unos días en nuestra entrada Reforma universitaria: más que tasas y docencia. La situación financiera de las universidades.

Como indicábamos, se fijan nuevos umbrales en los precios públicos (las matrículas) para aproximar gradualmente su cuantía a los costes de prestación del servicio, tomando asimismo en consideración el esfuerzo académico.

Estos precios “los fijará la Comunidad Autónoma dentro de los límites que establezca la Conferencia general de Política Universitaria” en los siguientes términos: en relación a las Enseñanzas de Grado, los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y  el 25 por 100 de los “costes” en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100  de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los  costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. Por lo que se refiere a las Enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades  profesionales reguladas en España, los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75  por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. Las Enseñanzas de Máster no comprendidas en el número anterior (las “no habilitantes”) tendrán unos precios públicos que cubrirán entre el 40 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la segunda matrícula, lo que probablemente conducirá indirectamente a limitar la demanda en muchos de estos Masters y a una mayor exigencia de calidad de sus alumnos y, por consiguiente, a la desaparición y reconfiguración de algunos de estos títulos.

Finalmente los precios públicos podrán cubrir hasta el 100 por 100 de los costes de las  enseñanzas universitarias de Grado y Máster cuando se trate de estudiantes extranjeros mayores de dieciocho años que no tengan la condición de residentes, excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquéllos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, sin perjuicio del principio de reciprocidad.

Estos cambios supones para la mayor parte de los estudiantes de grado un incremento de las tasas del orden de al menos 500 euros anuales.

Esta medida, es muy controvertida entre los expertos en educación, existiendo tanto defensores de aplicar precios de mercado, supuesto que el acceso a la universidad está  limitado a una minoría – un tercio de cada cohorte en el caso español – que se beneficia personalmente de dichos estudios y que se produce una transferencia de recursos desde los sectores más humildes a los más pudientes, como detractores de estas soluciones, que inciden en facilitar el acceso de las clases más desfavorecidas a la universidad y en los beneficios para la sociedad de disponer de una ciudadanía instruida y una mano de obra cualificada. Respecto a este debate es interesante la entrada de Antonio Cabrales en Nada es gratisLa otra tasa Tobin: un impuesto a los graduados

En el caso de las recientes medidas, la subida de las matrículas no se ha visto acompañada del propuesto desde casi todas las instancias incremento de las becas. Así, por ejemplo El País en su editorial del 20 de abril recogía ese sentir general al subtitular “El talón de Aquiles de la subida de las tasas es que llega tras el recorte de las becas, becas que garantizarían una mayor equidad e igualdad de oportunidades para los más desfavorecidos, algo que incluso otros discuten dada la peculiar estructura del sistema fiscal español que sólo controla con rigor las rentas del trabajo, limitando comparativamente el acceso a las becas de las familias constituidas por asalariados.

Las nuevas matrículas, consecuencia del contexto de racionalización y recortes del gasto público en que nos encontramos, permitirán ahorrar a las Comunidades Autónomas que previsiblemente reducirán inmediatamente en lo cobrado adicionalmente sus asignaciones a las universidades (sin dotar nuevas becas con cargo a sus presupuestos) la nada despreciable cuantía de 1.760 M de euros anuales.

La medida corre el riesgo de aplicarse desigualmente, no sólo porque algunos gobiernos autonómicos, e incluso algunos rectores, se plantearon inicialmente su incumplimiento, aunque estos últimos días parecen haberse planteado una “vuelta a la legalidad”, si no por el mecanismo previsto para definir las tasas: decisión de las Comunidades Autónomas de horquillas referidas a algo tan indefinido y variable hoy por hoy – y que puede generar tantos problemas jurídicos si se produjeran impugnaciones de las nuevas matrículas – como el “coste” de una titulación, que, inevitablemente, pueden conducir a resultados muy diversos.  Además desde la CRUE se propone una aplicación progresiva de estas medidas, algo que no encaja en los planes de choque presupuestario del Gobierno, que si parece que está tomando consciencia de la diversidad de importes de matricula que pueden aparecer. Por otra parte, la contabilidad analítica de las universidades continua sin ser una prioridad y queda por ahora  para el curso 2015-16.

En algunas universidades se ha convocado una huelga indefinida contra el “tasazo” a partir del próximo 3 de mayo, coincidiendo prácticamente con el inicio del periodo de exámenes., lo que sin duda no contribuirá a su éxito, y cabe prever que se dictaran próximamente por el Gobierno o por las Comunidades algunas normas de aplicación que resuelvan al menos parte de las incertidumbres actuales en materia de tasas y en otros órdenes tratados en el reciente Real Decreto.

Becas

El Gobierno, que recientemente redujo en un 12% las dotaciones de becas para este año, se propone mantener los  umbrales  económicos de las becas (el Ministro ha indicado que una familia de cuatro miembros y con unos ingresos no superiores a 38.000 euros estará exenta del pago de estas tasas) pero en cambio desea modificar los requisitos académicos de las mismas. Los becarios tendrán que obtener más de un aprobado justo desde la próxima selectividad para tener beca (entre un 5,5 y un 6, probablemente un mínimo de  5,5 en las pruebas de acceso para los de primer curso) y, para su renovación, superar cada curso de grado el 85 por ciento de los créditos (ahora es el 80%) de la mayoría de las carreras o el 65 por ciento en la ingenierías y arquitectura (ahora es el 60%). Además, se suprimirá la beca para la segunda matrícula de una misma asignatura, es decir que el coste de las asignaturas suspensas será siempre con cargo al estudiante. También cambia el sistema de acceso a una beca para los estudiantes de máster puesto que será preciso haber obtenido una nota media de 6,5 puntos en los estudios previos que dan acceso a estos estudios. En cuanto a las becas salario (becas compensatorias) se conservarán si el estudiante aprueba el 100% de los créditos matriculados (el 85% en el caso de estudios de Ingeniería y Arquitectura). Este tipo de beca incluye el pago de la matrícula y una ayuda mensual para que los alumnos no tengan que trabajar y está pensada para que los hijos de las familias más humildes puedan realizar estudios universitarios. La nota mínima para acceder a esta ayuda será un 6.

«No estamos hablando de pedir un sobresaliente por las becas, pero sí un mínimo, porque es un máximo de contribución el que la sociedad hace al pagarlas», ha señalado Wert.

Entretanto las Comunidades Autónomas, beneficiarias directas del aumento de las matrículas, solicitan que el Estado, que ejerce la competencia en materia de becas, asuma el deseado incremento de la cuantía y número de becas, si bien debe observarse que, respecto a la financiación de las becas, el reciente Decreto de 21 de abril ha establecido que el Estado financiará únicamente el precio público vigente hoy, correspondiendo el resto a las Comunidades.

Préstamos para el pago de tasas

Como complemento a la política de becas mencionada, el Gobierno ha  acordado facilitar préstamos a tipos de interés privilegiados parar pagar las tasas universitarias a los estudiantes con las rentas más bajas a través del ICO para que «quién tenga talento y ganas de estudiar» pueda hacerlo y no se quede fuera de la Universidad por motivos meramente económicos. Con esta medida, el Gobierno trata de zanjar la polémica suscitada por el aumento de las tasas universitarias y facilitar otras vía al acceso a los estudios superiores de las rentas más bajas.

Y viene algo más

El Real Decreto 14/2012 de 20 de abril que hemos comentado hace unos días – y que entró en vigor el 22 de abril -establece unas novedades muy importantes, además de las ya citadas en cuanto a las tasas, cuyas consecuencias iremos viendo en las próximas semanas.

Por un lado el Decreto establece un nuevo régimen de dedicación del profesorado con dedicación de 24 créditos ECTS por curso con carácter general, algo que sin duda obligará a modificar la planificación docente de las universidades.

Por otro se dispone la obligatoriedad de acompañar la RPT de todo el personal incluyendo su coste – que debe ser autorizado por la Comunidad correspondiente – al estado de gastos corrientes.

También se fija la obligación de liquidar el presupuesto anterior antes del primero de marzo de cada año y si la liquidación presentase un remanente de tesorería negativo debe reducirse inmediatamente en la misma cuantía el nuevo presupuesto.

En paralelo, algunas comunidades (Cataluña, Galicia y Valencia) han anunciado este mes recortes o nuevas configuraciones en la oferta universitaria de grados y másters. Se trata de medidas destinadas a eliminar titulaciones con baja demanda, planificando de forma rigurosa la oferta de grado y postgrado a nivel autonómico, con posible concentración en una única universidad de cada comunidad de la oferta de ciertas titulaciones poco demandadas que se ofrecen hasta ahora en una pluralidad de universidades de dicho territorio.

En Galicia se ha dictado una orden según la cual las titulaciones de grado deberán contar al menos con cincuenta alumnos de nuevo ingreso, y en Cataluña se habla de un ínimo “flexible” de cuarenta alumnos en primero de cada titulación en el nuevo curso.

Al respecto conviene recordar que según se desprende del Informe sobre la oferta la demanda y la matricula de nuevo ingreso correspondiente al curso 2009-10 , se observa que el 2% de los Grados entonces existentes (20 de los que 13 de Humanidades y 4 de Ciencias) tienen menos de diez estudiantes de nuevo ingreso, y el 13,3% (108 de los que 43 de Humanidades, 29 de Ciencias Sociales y 19 e Ingeniería) no supera los treinta estudiantes. La realidad es sin embargo bastante peor ya que en dicho curso 2009-10 más de la mitad de las titulaciones no se habían adaptado a Bolonia por lo que el número real de titulaciones con baja demanda se situa muy probablemente en torno a las 250.

 

Nace el Observatorio IUNE (Observatorio de la actividad Investigadora de la Universidad Española)

Este mes ha nacido el Observatorio de la actividad Investigadora de la Universidad Española (IUNE) que mediante 42 indicadores agrupados en seis dimensiones mide la actividad de Investigación (I+D+i) de 73 universidades públicas y privadas españolas. Más de veinte personas han participado en esta iniciativa del Laboratorio de Estudios Métricos de la Información (LEMI) de la Universidad Carlos III de Madrid en el marco de la Alianza 4 Universidades (UC3M, UAB, UAM, UPF).

La plataforma web del Observatorio ofrece una información de gran interés, con los resultados más significativos de la actividad científica e innovadora de las 48 universidades públicas y de las 25 privadas en cada uno de los últimos nueve años y en promedio sobre ese periodo.

Los indicadores de la actividad de investigación universitaria empleados son claros, sencillos y comparables y se agrupan en seis  dimensiones como el número de profesores, el reconocimiento que obtienen, las características de su actividad científica (producción, productividad, colaboración, impacto, visibilidad, etc.), su competitividad para obtener proyectos, la innovación (patentes, licencias, spin-offs, etc.) y la capacidad formativa de las instituciones para la investigación (becas, ayudas, contratos, tesis, etc.). Para diversos indicadores se ofrecen datos tanto de forma agregada por universidad como de productividad por profesor, algo que resulta de gran interés en estos momentos en los que se reivindica a veces con tanto ímpetu el desarrollo de una actividad investigadora en nuestras universidades, algo que como vemos en el propio Observatorio y también en el Estudio de la Fundación BBVA y el Ivie que comentamos a continuación Universidad, universitarios y productividad en España no es la norma en todas las universidades ni en todos sus departamentos.

Cabe echar de menos en esta excelente iniciativa, probablemente la más completa de las surgidas hasta la fecha en nuestro país, que el Observatorio haya omitido un pequeño bloque de indicadores agregados en cada una de las áreas con la visión de sus promotores acerca de los criterios a tener en cuenta y valorar.

Algunos de los datos más interesantes ofrecidos por este Observatorio son:

-          Sexenios por 100 profesores: UPO 16,65; UC3M: 16,25; UMH 12,22; UAM: 12,01; UPF: 11,47; UJI: 11,46… siendo la tasa más baja la de UPM con un 4,83.

-          Publicaciones científicas anuales por profesor (promedio anual sobre nueve años): UPF 1,47; UAB: 1,07; UMH: 0,88; la privada UNAV: 0,87; URV: 0,88; UAM: 0,83; UC3M: 0,82.

-          Citas por profesor (promedio sobre nueve años): UPF 17,78; UAB: 10,34; UB: 9,46; UAM: 9,23; URV: 9,18.

-          Licencias por 100 profesores (promedio de cinco años): UPV 28,20 miles de euros; UPF 27,49; UA 15,76; USAL: 15,07; la privada UNAV: 13,11

-          Importe de contratos A 83 por 100 profesores (promedio de cinco años): UPM 3,0 Millones de euros; UPF: 2,1; UPC y UNICAN: 2,0: UC3M: 1,7

-          Proyectos del Plan Nacional por 100 profesores (promedio sobre nueve años): UPF 12,43; UPO 10,51; UC3M: 10,14; UDG: 8,13; UAM: 7,84; UAB: 7,14

-          Proyectos del Programa Marco Europeo por 100 profesores (promedio sobre nueve años): UPF 4,05; UPC: 1,79; UC3M y URV: 1,62; UAB: 1,27, UPM: 1,26.

En definitiva estamos ante una base de información completa contrastada, que indica pormenorizadamente la metodología y fuentes empleadas, y que muestra una realidad muy desigual en el desarrollo de las actividades de investigación en nuestras universidades, siendo de destacar los excelentes resultados obtenidos por UPF, sin duda universidad referente a estos y otros efectos, en la mayor parte de los indicadores.

 

El informe Universidad, universitarios y productividad en España de la Fundación BBVA y el IVIE

Este apasionante estudio de la Fundación BBVA y el Ivie ha recibido una abundante cobertura en la prensa en días pasados al coincidir con el debate – habría que hablar mejor de sucesivos monólogos en distintos medios – sobre las deficiencias de nuestro sistema universitario, y cobra por tanto gran actualidad.

Como punto de partida destaca que la universidad española, como nuestra economía, muestra problemas de productividad y competitividad internacional que suscitan dudas tanto sobre su funcionamiento y eficiencia, como su contribución social y económica. En los últimos años la Universidad ha crecido más en recursos que en resultados y, aunque los estudios universitarios aportan indudables beneficios privados y sociales, la rentabilidad de la inversión en capital humano está limitada por las significativas ineficiencias de las instituciones educativas y por las características del tejido productivo que emplea a los titulados.

El informe desmitifica algunos tópicos sobre la Universidad española como el exceso de universitarios y universidades, la escasa orientación de los jóvenes que acaban la educación secundaria hacia la formación profesional superior o las reducidas ventajas laborales de los titulados-, percepciones que los datos no respaldan.

Recuerda las dimensiones del sistema universitario español: 79 universidades, 50 públicas y 29 privadas, concentrándose más de la mitad en las cuatro comunidades más pobladas (Comunidad de Madrid, 15; Cataluña, 12; Andalucía, 10 y Comunidad Valenciana, 8) con 236 campus en los que estudian 1.650.000 estudiantes, de los que el 54% son mujeres. Un 90% de los estudiantes cursan estudios de grado y el 10% restante másteres o doctorados. El coste medio de un curso universitario de grado se sitúa entre 750 y 1.000 euros, según la experimentalidad de los estudios y 267.000 estudiantes son beneficiarios de becas y ayudas al estudio. En las universidades españolas trabajan 110.000 profesores y 60.000 empleados de administración y servicios. Entre el profesorado, un 37% son mujeres; las dos terceras partes de los profesores son doctores y el 50% son funcionarios.

El Informe destaca algunos problemas ligados al sistema productivo y universitario:

En materia de empleo de universitarios, pese a que la demanda de trabajo cualificado ha crecido a una velocidad considerable, sigue siendo menor que en las economías más avanzadas y ha resultado insuficiente para absorber toda la oferta de titulados. El resultado es que España padece una tasa de paro universitario elevada y tiene dificultades para ofrecer empleos adecuados a más del 20% de los titulados ocupados. El desajuste entre nivel educativo y perfil de los empleos en España genera sobrecualificación y afecta negativamente a la productividad de los trabajadores con estudios superiores. El estudio señala que para mejorar el ajuste se necesita una reestructuración de la oferta de estudios –reduciendo el peso de las ramas con mayores problemas de inserción- y un cambio de la especialización productiva de la economía.

Por otra parte, el sistema universitario español presenta tres importantes ineficiencias que encarecen su funcionamiento: la permanencia de ofertas de estudios con muy escasa demanda; el bajo rendimiento académico de una parte de alumnado; y el pago de tiempo para la investigación a todo el profesorado estable, a pesar de que menos de la mitad acredita resultados en esta actividad regularmente. Así, según el índice agregado que calcula el estudio, la actividad universitaria ha aumentado en la última década un 42,2%, un resultado decepcionante si se considera que los recursos financieros en términos reales lo han hecho en un 46,6% hasta 2009, justificándose así la afirmación de que la productividad de la Universidad ha disminuido en la última década aunque su producción total haya crecido. Por otra parte la investigación no es cosa de todos los profesores – hasta 2009 sólo uno de cada cinco profesores tenía reconocidos todos los tramos de investigación (sexenios) que podía obtener – ni es la norma en todas las universidades – 18 universidades públicas en las que estudia el 36% del alumnado lleva a cabo más de la mitad de la producción científica y, en el otro extremo, 18 universidades públicas forman a otro tercio de los estudiantes pero apenas producen el 20% de los trabajos publicados. Por ello el estudio propugna reconocer el perfil de especialización de las instituciones e impulsar una convincente evaluación de la calidad del personal, las unidades y las instituciones que reconozca las diferencias en vez de ignorarlas a la hora de asignar los escasos recursos.

Además las universidades publican mucho, representan cerca del 75% de la producción científica española, pero sus publicaciones no son siempre de alta calidad puesto que ocupamos la plaza 8ª en producción de documentos (4,3% del total mundial) pero caemos hasta la 12ª en citas (3% del total mundial). Pero esas publicaciones no parecen tener unas consecuencias prácticas ya que las universidades sólo generan el 13,1% de las patentes en nuestro país, lo que indica que una de las mayores debilidades de la universidad se encuentra en las actividades de investigación aplicada y transferencia tecnológica, algo que debería abordarse generando cambios en los sistemas de incentivos entre otros.

Otra grave debilidad de nuestras universidades es su mala política de recursos humanos con importantes fallos en la selección del profesorado y/o en el funcionamiento y control del rendimiento dentro de las universidades. En este ámbito, el estudio señala que garantizar la calidad de los profesionales de la universidad y su promoción requiere replantearse los criterios de selección y evaluación, adecuarlos a la intensidad de la especialización docente e investigadora del profesorado y aplicarlos atendiendo a los resultados.

El informe señala también una preocupante falta de planificación de la estructura del profesorado con un grave problema de envejecimiento en ciernes puesto que el 75% del profesorado es mayor de cuarenta años.

Otro aspecto que se resalta es que todavía estamos poco internacionalizados – estamos un 10% por debajo de la media de nuestro entorno en cooperación internacional en proyectos de investigación – y son las universidades con más actividad investigadora y los profesores con mayor actividad investigadora los más internacionalizados.

Se aprecian notables diferencias de productividad investigadora entre las distintas instituciones de educación superior: los porcentajes de tramos de investigación reconocidos al profesorado de algunas universidades superan el 60%, porcentajes que doblan prácticamente a los de otras y esas diferencias se mantienen después de corregir los resultados para tener en cuenta las singularidades de los campos científicos y la distinta especialización de las universidades.  Las diferencias de productividad investigadora se explican por las estructuras de las plantillas (el número de doctores o de catedráticos), las áreas de conocimiento en las que están más especializadas (en las de ciencias experimentales y ciencias de la salud se investiga más) y por la orientación básica o aplicada de la investigación (los resultados son más abundantes en el primer caso). Pero influye mucho la cultura de las instituciones, y sus departamentos y grupos de investigación y el valor que atribuyen a la actividad investigadora en el desarrollo de la carrera profesional.

Se aprecian graves desajustes permanentes entre oferta y demanda en algunas titulaciones. Así ocurre, por ejemplo, con las titulaciones de medicina en los que se debe acudir a titulados de otros países para cubrir las plazas de MIR con médicos de otros países o en sentido contrario hay excesos permanentes de oferta en algunas titulaciones de humanidades y ciencias experimentales en bastantes universidades. Los autores señalan que esta última situación muestra que existe una capacidad de ofertar servicios no aprovechada, como resultado de la rigidez y la lentitud de las universidades a la hora de adaptar y reasignar los recursos y las plantillas. Uno de los resultados de estos desajustes es que, aunque el tamaño medio de los primeros cursos de las titulaciones de grado ofrecidas en el curso 2009-10 en las distintas universidades públicas y privadas era de 94 alumnos, en un 29% de las mismas el número de estudiantes era inferior a 40. Los porcentajes de titulaciones de pequeño tamaño se elevan al 31% en ciencias experimentales, al 42% en enseñanzas técnicas y al 50% en humanidades.

En cuanto a los efectos de los estudios universitarios en la actividad laboral, el estudio destaca que el nivel educativo de una persona tiene un efecto positivo y sistemáticamente creciente en la probabilidad de ser activo, estar ocupado, tener un empleo estable y alcanzar puestos directivos. Poseer una diplomatura (en lugar de estudios primarios) aumenta la probabilidad de ser activo en 21,8 puntos porcentuales, y en las licenciaturas el incremento llega a los 25,2 puntos, algo que tiene efectos positivos en la economía nacional.

El Informe resalta que el tipo de formación importa ya que en el mercado laboral no sólo influye tener formación superior sino también el tipo de estudios cursado. En primer lugar, los estudios elegidos influyen en la tasa de actividad: un graduado en el área de Ciencias tiene una probabilidad de ser activo 6,8 puntos porcentuales mayor que un graduado en Humanidades. La diferencia crece hasta 7,2 puntos en el caso de las Ciencias Jurídicas o Sociales, 5,5 puntos para las Ingenierías y otros estudios técnicos y 17,5 puntos para Ciencias de la Salud. En segundo lugar, los estudios realizados también son relevantes para el éxito en la inserción laboral, reforzando en casi todas las ramas la ventaja o desventaja que ya se aprecia en las tasas de actividad. Por ejemplo, los graduados en Humanidades tienen también menor probabilidad de empleo, mientras que en el caso de Ciencias de la Salud es mayor que en cualquier otra rama (10 puntos más que en Humanidades); en situaciones intermedias vuelven a encontrarse los de Ciencias (6,5 puntos), Estudios técnicos (5,3 puntos) y Ciencias Jurídicas y Sociales (3,9 puntos más que en Humanidades). Por ello los autores propugnan una información exhaustiva sobre la influencia de los estudios en la inserción laboral a familias y futuros estudiantes previamente al inicio de los estudios superiores.

En cuanto a los beneficios salariales que se obtienen de tener estudios universitarios, la prima salarial asociada a una titulación superior es muy importante pero tarda bastante tiempo en manifestarse plenamente: el salario de los universitarios más jóvenes no es muy diferente del que corresponde a trabajadores de esa edad con menor formación, pero los salarios de los universitarios de 50 años multiplican entre tres y cuatro veces los de los recién titulados, unos incrementos muy superiores a los que se observan en el resto de los trabajadores

Tras este diagnóstico los autores señalan una serie de doce actuaciones que la Universidad española debería llevar a cabo, con el fin de reducir las debilidades y carencias que padece y aprovechar las oportunidades que el desarrollo de la sociedad del conocimiento le ofrece:

1. Autonomía y responsabilidad: La solución a los problemas de la Universidad requiere más autonomía y mejor encauzada. Es un sector fuertemente regulado y financiado públicamente en su mayor parte, pero gestionado internamente de manera poco sensible a las demandas de la sociedad.

2. Especialización y estratificación de las instituciones: La complejidad de un sistema universitario desarrollado exige combinaciones de actividades docentes e investigadoras diferentes. La homogeneidad resulta perjudicial para el uso eficiente de los recursos y para impulsar la calidad.

3. Excelencia internacional: La especialización de las universidades debe conducir a que las que tengan capacidad efectiva de estar presentes en la competencia internacional dispongan del reconocimiento y los recursos para hacerlo, concentrándose en la formación de posgrado y la investigación de mayor impacto.

4. Internacionalización: El reto de la internacionalización no incumbe solo a las universidades globales sino a todas y en todos sus campos de actuación

5. Especialización del profesorado: La tesis de que todo el profesorado estable realiza actividades docentes e investigación regularmente no responde a la realidad y debe ser revisada.

6. Evaluación de procesos y resultados: La rendición de cuentas requiere procedimientos adecuados de evaluación de procesos y resultados, en especial en el ámbito docente.

7. Sistemas de información: El gobierno y la dirección de las universidades, la evaluación de las mismas y la rendición de cuentas requieren sistemas de información idóneos.

8. Sistemas de financiación: Las Administraciones Públicas deben definir con ambición los sistemas de financiación permitiendo operar con horizontes temporales adecuados y generando incentivos potentes que orienten hacia  la eficiencia y a los resultados docentes, de investigación y de transferencia.

9. Incentivos al empleo estable mediante programas específicos orientados a los universitarios

10. Incentivos a la investigación aplicada y la transferencia mediante incentivos y dotaciones presupuestarias adecuadas.

11 y 12: Formación continua y emprendimiento deben fomentarse ya que son áreas que cobran gran importancia para nuestras sociedades.

 

Xavier Puente – 2 de mayo de 2012

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