Modificado: junio 28, 2012
28jun2012

Noticias universitarias junio 2012

En estas noticias universitarias de junio 2012 hablamos de: Los tribunales reconocen la exención del ICIO para las universidades, El Tribunal Supremo ratifica que la Comunidad de Madrid está incumpliendo parte de sus compromisos con las universidades, Retrasos en los pagos de nóminas en la UPC,  ¿Cuándo conoceremos las tasas del curso 2012-13?,  Novedades en Horizon 2020, El 3er ranking de universidades españolas por campos y disciplinas académicas de la Universidad de Granada, ¿Universidades francesas en suspensión de pagos?, Informe acerca del “Open Access” en el Reino Unido, y Cesiones de suelo gratuito a universidades norteamericanas en Madrid

Los tribunales reconocen la exención del ICIO para las universidades

Una reciente sentencia del Juzgado nº 12 de lo contencioso administrativo de Madrid reconoce la existencia de una exención para las universidades públicas en materia de este impuesto (ICIO) al dar la razón a la Universidad Carlos III de Madrid en la demanda que había interpuesto contra la liquidación por un ayuntamiento de un ICIO (Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras) correspondiente a un edificio en construcción.

Tras destacar que estamos ante una exención rogada y sujeta a que el edificio esté vinculado al cumplimiento de los fines universitarios, dicho Juzgado reconoce la argumentación de la Universidad en el sentido de que la construcción de un edificio docente que guarda relación con los fines propios de la Universidad goza de la exención tributaria establecida en el artículo 80.1 de la LOU y en la consulta vinculante 2008/209548 de la DG de Tributos, entre otras.

En cuanto a la posibilidad de trasladar el impuesto desde el propietario de las obras (universidad) al ejecutor (constructor), que sería entonces el obligado tributario, pone de manifiesto que el propio TRLRHL reconoce que el sustituto (el constructor) puede exigir el importe del impuesto satisfecho a la Administración al dueño de la obra (universidad) por lo que queda claro que esta cuestión es ajena al debate sobre la exención.

Es también interesante ver que el Juzgado entiende que, dado que el ayuntamiento preveía una posible bonificación de hasta el 95% de la cuota del ICIO cuando concurrían determinadas circunstancias especiales de interés público declaradas por el ayuntamiento y no expresamente catalogadas, estas circunstancias ya se dan en el supuesto mencionado puesto que, en su momento, la Comunidad de Madrid declaró el interés público de la actividad docente e investigadora de la universidad al cederle los terrenos en los que se está construyendo el edificio, y dicho interés público educativo no puede ahora negarse por el ayuntamiento.

Además la sentencia analiza la posible equiparación del régimen tributario local de las universidades públicas respecto al régimen privilegiado de las fundaciones y otras entidades sin fines lucrativos.

El TS ratifica que la Comunidad de Madrid está incumpliendo parte de sus compromisos con las universidades

Tras el recurso en casación de la sentencia de 26 de enero de 2011 del TSJ de Madrid que ya comentamos en estas páginas hace bastantes meses, que reconocía parte de la reclamación de 57,0 M de euros de la Universidad Complutense a la Comunidad de Madrid, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia apelada. En consecuencia la Comunidad de Madrid es condenada al pago de 18,1 M de euros + intereses. De estos 18,1 M de euros, 17,0 M más intereses corresponden al contrato programa de inversiones correspondientes al año 2008 y el restante 1,1 M corresponden al convenio relativo a la gestión del proceso de admisión de nuevos estudiantes en todas las universidades madrileñas.

Estamos ante una sentencia relevante del TSJ ya que, por un lado, existen otros litigios similares tanto de la Universidad Complutense como del resto de universidades madrileñas y, por otro, esta ratificación de la sentencia de primera instancia que reconoce parcialmente los derechos alegados por la UCM en materia de contrato programa de inversiones tal vez permita poner freno a la reiteración de ciertas actuaciones arbitrarias por la Comunidad.

Retrasos en los pagos de nóminas en la UPC

Prácticamente al mismo tiempo que la Sindicatura de Cuentas catalana informaba de que el anterior gobierno de la Generalidad no había pagado a las universidades 294 de los 3.554 millones de euros comprometidos en el Plan de financiación para la mejora de las universidades públicas catalanas 2007-2010, y que parece que, ante las demoras y retrasos en los pagos de las nominativas a las universidades en varias comunidades autónomas, la CRUE ha impulsado, con escaso éxito, una suerte de programa de ayudas directas del Estado a las universidades para que paguen a sus proveedores siguiendo el modelo de las ayudas ya facilitadas a los ayuntamientos, y la prensa ha informado que los cinco mil trabajadores de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) cobrarán con retraso la nómina y la paga extra correspondiente a junio.

El Rector de esta universidad ha comunicado a todo el personal que se pagará el 70% del dinero entre el 2 y 5 de julio y el resto se abonaría hacia mediados de julio si la universidad obtiene el acuerdo del gobierno regional para formalizar un crédito bancario. Al igual que la Generalidad, la UPC tiene graves dificultades económicas – acumula 98 millones de déficit en los últimos años de los que 18 que corresponden a 2011 – y las Navidades pasadas los trabajadores ya cobraron la paga extra con algunos días de retraso.

Hace ya varias semanas fue noticia que el Rector de esta universidad,  que desde hace varios años atraviesa una difícil situación patrimonial, envió un correo a todos sus trabajadores solicitándoles que evitaran todos los gastos no imprescindibles y ahorraran en todo lo que pudieran.

Para 2012 la UPC, que como otras universidades catalanas cuenta con un complejo entramado societario y fundacional que en ocasiones atraviesa también por graves problemas económicos, ha aprobado un presupuesto de 311 M con una disminución de 32 M (-9,4 %) respecto al ejercicio anterior. El presupuesto del capítulo I de gastos, que representa un 60% del presupuesto total, disminuye en 2012 un 7,7% (-15,5 M €).

¿Cuándo conoceremos las tasas del curso 2012-13?

La flexibilidad en materia de precios de matricula fijada por el ministro Wert no está siendo bien recibida. Algunas gobiernos de comunidades han prometido quedarse como están al menos para las primeras matrículas (Galicia), otros dicen que van a aprovechar la ocasión para aumentar las tasas y reducir en una cuantía similar la financiación a sus universidades (Madrid), pero casi todos se siguen moviendo en las declaraciones de intenciones sin entrar en detalles pese al tiempo ya transcurrido y que estamos ya en la post-selectividad. Mientras tanto muchos rectores temen el impacto que las subidas de tasas pueden tener en algunas de las titulaciones que ofrecen sus universidades al tiempo que ven que el incremento es la única vía para intentar no incurrir en déficits. Por otra parte, esta medida, según se aplique – y se combine o no con mejoras en las políticas de becas – puede incrementar de forma significativa la desigualdad social ya existente en el acceso a la universidad.

Y si en muchas comunidades autónomas no se sabe todavía cuál será el importe de las tasas de grados en el próximo curso pese a estar ya abierto el periodo de pre-inscripción en grados, en el ámbito de los másteres oficiales la confusión e incertidumbres son, si cabe, aún mayores.

En Cataluña, una de las que anunció que aprovecharía al máximo las opciones de incremento de tasas ofrecidas por el Estado, ya sabemos que las nuevas tasas catalanas supondrán entre 600 y 900 euros más en primera matricula, con un coste tipo anual para los grados para los no repetidores de entre 1.510 euros (por ejemplo Derecho o ADE) y 2.362 euros (Medicina…), pasando por los 2.137 (Ingeniería, Psicología…). En dicha comunidad estos importes podrían ser menores en función de la renta de las familias de los alumnos – con reducciones todavía no conocidas – y, según diversas noticias aparecidas en prensa. entre un 40% y un 60% de los alumnos pagarían el máximo ya citado.

Novedades en Horizon 2020

Hace poco se ha publicado un “draft report” sobre el Proyecto de reglas de participación y justificación en el programa marco 2014-2020, Horizon 2020, que se votará el próximo otoño. Este nuevo documento recoge la desaparecida opción de justificación con “full costing” pero con un límite de importe que sitúa en el 70%.

La EUA está realizando una intensa actividad de lobby en este proyecto y ha efectuado numerosas propuestas y un extenso análisis de este nuevo documento cuyo detalle de puede aquí.

Como elementos positivos del proyecto en su estado actual la EUA destaca los siguientes:

-          Se reconoce la importancia de la contabilidad analítica, elemento fundamental para desarrollar actividades de investigación sostenibles.

-          Mejora la definición de conceptos y reglas básicas en la justificación.

-          Posibilidad de emplear la metodología de full costing, pero con un tope del 70%, lo que supone una reducción respecto al régimen actual.

-          Admisión del IVA no deducible como coste elegible.

-          Admisión de los procedimientos de justificación de horas según sistemas empleados por las universidades, aunque la redacción dada a esta cuestión plantea dudas.

-          Supresión de la distinción en financiación entre investigación y actividades “de mercado”.

 Pero la EUA considera también que hay puntos mejorables:

-          El tope del 20% de costes indirectos fijos para los que no empleen “full costing” parece excesivamente corto y propone un 40%.

-          El 7% fijo de costes de gestión del coordinador debe delimitarse mejor ya que no está claro si van en disminución de los otros gastos y en qué supuestos se percibirían.

-          El alcance de la Certificación de metodología empleada y el de Tipos de Entidades financiadoras no está claro.

 El 3er ranking de universidades por campos y disciplinas académicas de la Universidad de Granada

Este mes de junio se ha conocido la tercera edición de los ‘Rankings I-UGR de las Universidades Españolas según Campos y Disciplinas Científica 3ª ed. 2012’ (denominado también Rankings ISI).

Se trata de un ranking de universidades públicas y privadas españolas basado en la investigación publicada en las revistas internacionales de mayor impacto y visibilidad. El objetivo principal de este ranking es descubrir las fortalezas y debilidades del sistema universitario español de investigación en varios ámbitos del conocimiento, si bien no todos ellos son cubiertos.

Este ranking emplea indicadores bibliométricos cuantitativos – ligados al tamaño de la institución – y otros que tienen un carácter más cualitativo.

En el resumen publicado puede apreciarse que la universidad que destaca en este ranking es la de Barcelona, que lidera siete campos (de doce que se analizan) y quince disciplinas (de treinta y siete). Otras universidades que lideran algún campo o disciplina son: Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Valencia, Complutense, Politécnica de Cataluña, Pompeu Fabra, Politécnica de Valencia, Carlos III de Madrid, Jaume I y  Córdoba. Entre las universidades privadas destaca en el ranking la Universidad de Navarra.

¿Universidades francesas en suspensión de pagos?

Con una provocadora referencia al riesgo de suspensión de pagos, el blog educpros publica una interesante entrada acerca de los problemas financieros de algunas universidades francesas.

¿Qué gastos se van a reducir, eliminar o postergar si las universidades ya no disponen de ningún margen de gestión financiera y han agotado los recursos que habían ahorrado cuidadosamente?

¿Dónde recortar gastos?

Se proponen en el blog – y en los comentarios a alguna entrada anterior del mismo blog en la que ya se trató esta cuestión – algunas medidas de ahorro de gastos ya conocidas en muchas de nuestras universidades:

- congelar la contratación de personal y no cubrir jubilaciones, fallecimientos, traslados, etc.

- congelar / retrasar el pago de primas salariales y eliminar / reducir pagos por horas / trabajos extraordinarios tanto en docencia como en investigación.

- reducir las plazas de ciertas categorías de profesorado: contratados-doctores, ATER (profesorado temporal para docencia e investigación); optar dentro de estas figuras por las de menor coste o por fórmulas de empleo a tiempo parcial.

- contratar a más asociados (cuyo coste hora docencia es mucho más bajo que el de los funcionarios) en sustitución de otras modalidades de profesorado fijo de mayor coste.

- cerrar titulaciones con escasa demanda.

y también medidas de incremento de ingresos o de mejora en el uso de los recursos:

- aumentar los precios de matrícula, a todos los estudiantes y, sobre todo,  a los extranjeros no UE.

- apoyar a los alumnos, reduciendo su fracaso, lo que supone un uso eficiente de los fondos públicos destinados a las universidades.

- usar más eficientemente recursos como los medios informáticos o los espacios existentes.

Al hilo de esta cuestión, se plantea otra, también candente en nuestro país, la de la sinceridad del presupuesto. El presupuesto debe ser equilibrado y no pueden minimizarse las obligaciones previsibles ni inflarse los ingresos futuros.

Tras incidir en la responsabilidad del Estado, que es el que aporta la mayor parte de la financiación de las universidades, se propone, para lograr una mejor gestión presupuestaria:

- reducir el número de unidades  en la universidad que gestionan autónomamente su presupuesto y acentuar la responsabilidad de los gestores que incurren en déficits excediéndose del importe de sus presupuestos, si bien se indica que esta centralización puede tener consecuencias negativas ya que el profesorado puede desvincularse de las tareas de captación de actividades de docencia e investigación.

- y crear, en ciertas actividades, mecanismos internos que garanticen que no se pueda gastar más que lo efectivamente cobrado.

 

Informe acerca del “Open Access” en el Reino Unido

Hacer accesible a todos los resultados de la investigación financiada con fondos públicos en el Reino Unido tal y como establece la normativa vigente costaría en torno a 60 M de libras anuales según un estudio encargado por el gobierno de aquel país en el que se analiza la situación actual del “open access” en el Reino Unido, su marco normativo, las condiciones precisas para que estos desarrollos tengan éxito, sus posibles modalidades técnicas y que finaliza con un detallado bloque de conclusiones y recomendaciones.

Según la autora del amplio informe, la Profesora Finch, el “open access” vía repositorios digitales es el futuro y contribuirá de forma significativa al desarrollo económico y a la eficiencia de la actividad de investigación. Su coste es alto pero también lo es hoy el coste de suscripción de universidades y centros de investigación a publicaciones especializadas (más de 200 M de libras anuales pagan las universidades británicas en este concepto), coste que irá disminuyendo a medida que éste se desarrolle. Por otra parte es posible lograr un  “Open Access” total manteniendo un alto nivel de calidad en sus publicaciones.

Existen varias modalidades o fórmulas de “open access” (promoción o apoyo a repositorios de libre acceso, acceso gratuito a publicaciones desde bibliotecas públicas, etc.) y varios modelos de transición hacia las mismas, pero una de las modalidades que parece contar con más apoyos es la que consiste en que el investigador pague una pequeña cantidad para que una publicación ya establecida permita el acceso gratuito “on line” a todos los interesados.

Pero subsisten varios problemas difíciles de resolver; por ejemplo. en la actualidad sólo se publica alrededor del 6% de todos los “papers” que se elaboran anualmente en el Reino Unido, y una política nacional de “open Access” no eliminará la necesidad de adquirir las publicaciones internacionales de prestigio si no hay un movimiento internacional muy nítido a favor de estas fórmulas de libre acceso en todo el mundo.

El gobierno británico ha anunciado que estudiará las distintas opciones existentes en los próximos meses y la posible dotación de medios financieros adicionales para cubrir este objetivo.

Cesiones de suelo gratuito a universidades norteamericanas en Madrid

Ha vuelto a ser noticia este mes la prevista cesión en alquiler por la Comunidad de Madrid de la Quinta de Vista Alegre, en el madrileño barrio de Carabanchel, a la Universidad de Nueva York. El 29 de abril de 2011 la Comunidad de Madrid firmó ya un protocolo en este sentido y se prevé que, inicialmente, esa universidad podría empezar a impartir diversas titulaciones con acreditación universitaria de Estados Unidos. También se contempla que oferte programas de posgrado y  formación a ejecutivos.

Esta iniciativa ha sido considerada un “auténtico expolio” por la oposición madrileña mientras que, para la representante del PP en este debate la cesión de terrenos y edificios públicos se justificaría por el prestigio de esa universidad y porque “muchos de los hijos” de los madrileños no tendrán entonces que marcharse a EEUU a estudiar.

 

Xavier Puente – 28 de junio de 2012

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2 Comentarios

  1. Publicado: junio 28, 2012 a las 10:34 pm | Permalink

    Me alegra ver que todavía queda algún resquicio de sensatez y de mesura y entendimiento en la lectura de las leyes. Esperemos que sea ésta, luz en la resolución definitiva del conflicto de las universidades con los impuestos locales. Bueno, más que con los impuestos locales, con el filibusterismo de algunos consistorios en su torticera aplicación. Al fin y al cabo lo único que se consigue es sepultar todavía más dinero de los contribuyentes en procesos judiciales farragosos que bien podrían resolverse con leyes claras, políticos honestos y gestores eficientes. De estos últimos, Javier, todavía hay.

    • Publicado: julio 5, 2012 a las 2:00 pm | Permalink

      Gracias Francesc por tu apoyo presente y pasado.
      Efectivamente hay filibusterismo municipal en materia de fiscalidad local y las dificultades financieras de muchos ayuntamientos y las potestades que a veces les concede la ley (y las que se toma) no hacen más que incrementarlo por todas las vías.
      Nos cabe esperar que un conjunto suficiente de resoluciones judiciales nos permitan, en unos años, evitar nuevos conflictos inútiles de esta naturaleza.

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