Modificado: septiembre 25, 2013
25sep2013

El Tribunal de Cuentas y las universidades 2008-2009

En su “Informe de fiscalización del sector público autonómico, ejercicios 2008 y 2009”  el Tribunal de Cuentas dedica un apartado de treinta páginas a las universidades.

Para su elaboración parte de los informes de fiscalización de los OCEX autonómicos y del propio Tribunal de Cuentas (que fiscaliza directamente a las universidades de Cantabria, Extremadura, Murcia, la Rioja, Politécnica de Cartagena y Zaragoza) y recopila datos dispersos y diversos: “el contenido de los informes [que emplea el TCU para elaborar su propio informe] …  impide un análisis completo y homogéneo” tanto más cuanto que “las diferencias entre los modelos organizativo, contables y de gestión de las universidades hace que la información presentada … no sea totalmente homogénea”.

Tras hacer mención a que “sería preciso que el [inexistente] Plan general de contabilidad para las universidades públicas se aplicase en todas las universidades” con criterios contables homogéneos y apelar al “desarrollo de la contabilidad analítica con criterios comunes” y a la adecuada “separación entre coste de docencia y de investigación con el fin de poder obtener  costes por titulación” y a que se presenten auditen y comparen las cuentas de los grupos consolidados universitarios, el Informe destaca que las modificaciones presupuestarias sobre los créditos iniciales son excesivas ya que suponen un incremento de más del 30% sobre los créditos iniciales en las universidades (hasta un 58% en las universidades andaluzas en 2009) y esto constituye un indicador de que “las universidades no elaboran con rigor sus presupuestos” , la ejecución media de gastos se sitúa en muchas universidades por debajo del 80% (con un mínimo del 70% nuevamente para las universidades andaluzas) y lo mismo sucede con la ejecución de ingresos (con mínimos del 74% en Andalucía y del 75% en Valencia), muchas universidades arrancan el ejercicio con presupuestos prorrogados, el balance de muchas universidades presenta un fondo de maniobra negativo, hay desahorro (déficit) en las universidades de Castilla y León, etc.

Más novedosa, y mucho más polémica al no exponerse la metodología de cálculo seguida, resulta la incursión de seis páginas del Tribunal Cuentas en la gestión. El Informe combina datos del propio Tribunal – hay que confiar en que éstos sean homogéneos aunque no se explica cómo se han hecho los cálculos  – y datos de otros OCEX elegidos con más o menos fortuna en unos informes sobre cuyo contenido no se pronuncia.

El resumen de lo expuesto en este apartado del Informe es el siguiente: 

cuadro - copia

 

Unos datos que, con todas las salvedades ya enunciadas, muestran notables diferencias entre universidades y la existencia de problemas de fondo de mayor o menor importancia excepto en las dos universidades murcianas.

La conclusión del Tribunal es que en los años 2008 y 2009 “la media de créditos impartidos por profesor … es, en general, inferior a los 24 créditos anuales legalmente exigidos”… “la media de alumnos equivalentes por profesor equivalente es muy baja … y ha ido disminuyendo en los últimos años, lo que pone de manifiesto un sobredimensionamiento del profesorado” ,… “el índice de cobertura del coste total de la enseñanza por los alumnos excluida la aportación del Ministerio de Educación en concepto de becas se sitúa en torno al 10%” y que el coste por alumno y graduado oscila enormemente entre las universidades analizadas.

En su tercera parte, el informe expone a lo largo de catorce páginas el caso de las  prejubilaciones incentivadas de personal docente iniciadas en varias universidades, asunto que ya hemos comentado en estas páginas en diversas ocasiones, y afirma que estas decisiones universitarias no habrían respetado los principios de legalidad y de transparencia ni atendido a la racionalidad y la eficacia y eficiencia, y que los respectivos gobiernos autonómicos no habrían efectuado el adecuado seguimiento de los costes del PDI.

Esperamos que en el informe en curso de las universidades 2012 el Tribunal de Cuentas  analice en profundidad la realidad económica y de gestión de las universidades apoyándose en datos recientes y difundiendo una metodología rigurosa inspirada en la experiencia de órganos similares de otros países con mayor experiencia en estas fiscalizaciones y también en la de aquellos OCEX españoles que, como el valenciano o el catalán, tienen más experiencia en los estudios comparativos de universidades.

Xavier Puente – 24 de septiembre de 2013 

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3 Comentarios

  1. Publicado: septiembre 26, 2013 a las 8:23 am | Permalink

    Interesante el apartado de las PRE-JUBILACIONES en las universidades públicas españolas (pag. 146 del informe del Tribunal de Cuentas).

    No sólo no se contempla en la legislación actual de los funcionarios PDI Funcionarios de Universidades.

    Los rectores de las universidades públicas pueden saltarse a la ligera la ley??

    Los contribuyentes de Comunidades Autónomas como Madrid que financian a CC.AA. Deficitarias como Andalucia, deben consentir este tipo de acciones?? Es moral?? Es ético?? Lo de legal esta claro que no.

    ¿Qué tipo de responsabilidades se pueden pedir al CRUE.?

    • Publicado: septiembre 26, 2013 a las 8:26 am | Permalink

      Estimado Alberto:
      El cumplimiento de la ley no parece ser prioridad de la sociedad española a juzgar por lo que vemos cada día alrededor nuestro, pero imagino que los rectores – o al menos la mayor parte de los rectores en cuyas universidades se aprobaron estos planes – no tenían un propósito de “saltarse a la ligera la ley”.
      La cuestión del “incumplimiento legal” – el Tribunal de Cuentas estima que lo que ha habido es una falta de cobertura o amparo legal y que no hay soporte en la jurisprudencia para iniciar acciones de responsabilidad – no sería únicamente de los rectores sino del conjunto de órganos de gobierno, es decir también – y sobre todo – de los Consejos de Gobierno – en los que aprecia un conflicto de intereses al adoptar este tipo de decisiones – y de los Consejos Sociales.
      Además el Tribunal apunta a que habría una responsabilidad “in vigilando” al menos de las CCAA (sus Consejerías de Educación y de Hacienda y sus órganos legislativos) y – añado – de los OCEX autonómicos que, hasta dónde conozco, comenzaron a interesarse por este asunto únicamente cuando lo hizo el Tribunal de Cuentas.

  2. Publicado: septiembre 26, 2013 a las 8:57 am | Permalink

    Xavier, agradezco tu comentario, yo no soy rector y tampoco tengo posibilidad si en el ánimo de cada uno de los que ha realizado pre-jubilaciones estaba la idea de “saltarse a la ligera la ley”, pero esa es la sensación que se proyecta del informe.

    Las pre-jubilaciones, en el sector privado las soportan los accionistas con cargo a su cuenta de resultados. En el sector público, se soporta cargo a los presupuestos públicos. Y esto plantea una serie de cuestiones de carácter legal, jurídico y moral que no veo por ningún lado su consideración.

    Cuando se define un sistema solidario de co-financiación Autonómica, esto significa que con el sudor, esfuerzo y sacrificios de muchos profesionales y empresas a través de sus impuestos recaudados por aquellas CC.AA. que más aportan a este fondo, se ayuda a interés 0% a otras comunidades autonómicas que no generan un nivel de recaudaciones suficientes para sostener sus estructuras y recursos.

    ¿Por qué estas comunidades deficitarias y con un exceso de gasto, que viven a costa de otras, se permiten sus funcionarios públicos PRE-JUBILARSE?

    Aunque el fondo de esta pregunta va más allá, ¿Bajo qué criterio un Funcionario se puede Pre-Jubilar? ¿Por qué unos si, y otros no? , y en este caso, quienes son los Rectores para administrar unos fondos públicos que como objetivo tienen la Educación Pública Superior? y ya puestos a ello… estos pre-jubilados ¿qué relación tienen actualmente con sus universidades?

    Xavier, la presión que el CRUE ejerce sobre el Ministerio, y aún más en las CC.AA. en sus CC. de Educación y/o Hacienda, al final hace que las Universidades Públicas, hayan ido “a su bola.” Posiblemente es momento de que esto se termine. Y si hay que dirimir responsabilidades de tipo administrativo o penal, de igual manera que se exigen a los políticos, creo que es el momento de que esto comience a suceder. No en vano , el Art. 14 de la Constitución deja bien claro que todos somos iguales ante la Ley.

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  1. Por El Tribunal de Cuentas y las universidades 2008... el noviembre 27, 2013 a las 6:06 pm

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